El Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) – CONADU dio inicio al Ciclo de Debates: LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: POLÍTICAS DE ESTADO PARA UNA TRANSFORMACIÓN NECESARIA. Hacia una nueva Ley de Educación Superior, con la 1º JORNADA: UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN y POLÍTICAS DE ESTADO que contó con la presencia de los panelistas Abraham Gak (Director del Plan Fénix), Blanca Osuna (Presidenta de la Comisión de Educación del Senado de la Nación), Carlos De Feo (Secretario General CONADU) y fue moderada por la Coordinadora del IEC Yamile Socolovsky en la Facultad de Ingeniería (UBA).

En la 1° Jornada, Yamile Socolovsky abrió el ciclo de paneles que inician el debate sobre las políticas universitarias y el rol de Estado en función de la sanción de la futura Ley de Educación Superior (LES).

Allí, la Coordinadora del IEC planteó la necesidad de implementar transformaciones pensadas como políticas de estado a partir de los requerimientos sociales del país y la región que demandan la participación de todos los actores al concebir la Educación Superior como bien público.

Carlos De Feo, destacó que hay que enmarcar la LES en el contexto latinoamericano caracterizado por los procesos de cambio iniciados en el 2001 con nuevos mandatarios en los países de la región que modificaron el rumbo de las políticas neoliberales generando otra relación entre la Universidad y el Estado aún en disputa.

Mientras en la década del ‘90 se consideró a la Universidad como autárquica, autónoma, es decir, por fuera del Estado, actualmente CONADU la recupera como institución estatal. Esto lleva a discutir, por un lado, las políticas de Estado y, por el otro, la intervención de la Universidad en dichas políticas, según De Feo.

“La Universidad tiene la obligación de intervenir como institución en el debate por la disputa del rol y el rumbo del Estado”, sentenció De Feo. A la vez que planteó la necesidad de que exista una estructura estatal por encima del CIN que permita definir las políticas de Estado hacia la Universidad.

Luego problematizó tres cuestiones pertinentes al debate en torno a la Universidad, como son la autonomía, el rol docente y los criterios de evaluación y acreditación.

En cuanto a la autonomía, El Secretario General de CONADU planteó que existen dos niveles: uno vinculado a las formas de organización y a la estructura académica de la Universidad; otro, relacionado con las políticas de Estado; nivel en el que la LES tiene que avanzar ya que la Universidad no puede quedar por fuera de ellas.

A su vez, la implementación de políticas de Estado claras contribuyen transparentar los criterios de evaluación y acreditación, así como el modo de financiamiento de la Universidad. Si bien De Feo instó al avance en las formas de evaluación y acreditación resaltó que “de no existir la CONEAU tendríamos 80 universidades privadas”.

Por último, destacó que para avanzar en la democratización es necesaria la presencia activa de los docentes con el fin de integrar en las políticas de la Universidad y en el cogobierno a todos los actores ya que no sólo con el voto directo logramos más participación, y, en este sentido saludó la iniciativa del Congreso que se esfuerza por incorporar a los universitarios en la discusión en torno a la LES.

Por su parte, Blanca Osuna, destacó que si bien desde el Congreso promulgaron en los últimos dos años leyes que modificaron la ingeniería educativa del país, aún falta la LES que generó diferentes debates y ámbitos de encuentro con sectores pertenecientes a la Universidad y por fuera de ella.
Asimismo, destacó que el sentido de la LES es formular una definición de la educación como bien público en tanto derecho humano del que el Estado es responsable. Osuna aseguró que “podemos discutir sobre cuestiones operativas pero hay un contexto que forma parte de todos los procesos políticos de diversos actores”.
Dicho contexto propicia debates que no terminarán planteados en el propio texto de la Ley pero si alimentarán a las políticas educativas para que el derecho a la educación se cumpla como servicio del Estado, según Osuna.

En este sentido, aclaró que una mayor partida presupuestaria no resuelve todos los problemas de la Universidad y que hoy “tenemos en mano la oportunidad de generar debates que, una vez sancionada la Ley, superen su texto y empujen su aplicación junto a políticas colaterales”.
A su turno, Abraham Gak expresó que esta Ley redondearía el proceso de cambio ya que la descentralización del sistema educativo permitió la existencia de una Argentina de primera, una de segunda y una de tercera.

Para Gak es importante modificar la Ley porque la experiencia que marca la discusión ayudará a ver en qué medida las universidades públicas asumirán un compromiso en el proceso de cambio del país.
La tarea de la Universidad es, centralmente, la formación de recursos humanos y hoy queda en segundo plano la investigación; pero la LES tiene que modificar esta situación para crear conocimiento endógeno. El país debe financiar investigaciones para el desarrollo científico y tecnológico, opinó Gak.

Con respecto a la tarea de los diputados y senadores sobre la LES, si bien Gak se mostró asombrado por los avances, admitió que no sabe cómo van a conciliar las propuestas de los 9 proyectos existentes y aseguró que le preocupa que el tema no este socialmente instalado.
Además, planteó que en los proyectos hay consensos que permiten por un lado, la evaluación privada, por el otro, la evaluación mixta y en tercer lugar, un único sistema de evaluación externo oficial.

Si bien considera que el Estado es el único que debe evaluar, le preocupa que en los proyectos no cobre relevancia el tema de la evaluación interna, ya que sólo ella es motivadora de cambios. Así, según Gak, la evaluación externa debería basarse en la que realizan las propias universidades.
Para Gak la educación superior universitaria pública debe ser financiada por el Estado pero no concibe que suceda lo mismo con la educación superior privada, ya que debe buscar sus propios recursos.

A la vez que planteó la necesidad de preparar las condiciones para la demanda de acceso de los sectores pobres que deben ingresar a la Universidad porque si sólo acceden los ricos replican el sistema de injusticia que se expresa, por ejemplo, en el sistema actual de becas que examina a los sectores vulnerables mientras el rico no debe preocuparse.

Atención de Secretaría de Prensa FEDUBA

Tema: Documentos ~ Participar

DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA NACIÓN:BASTA DE DISCRIMINACIONES GARANTICEN YA EL 82% MÓVIL PARA TODOS LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.

Los docentes de las universidades nacionales somos alcanzados por uno de tres regímenes jubilatorios. Los docentes investigadores con dedicación exclusiva, se jubilan por la ley 22.929; los docentes de niveles preuniversitarios, por la ley 24.016; y los restantes, por la ley 24.241. En los dos primeros casos, se trata de regímenes jubilatorios especiales, que prevén un haber del 85% móvil, y del 82% móvil respectivamente. En conjunto, estos sólo alcanzan a cerca del 20% de los docentes de las universidades. La inmensa mayoría de los docentes universitarios acceden al régimen general de jubilaciones y pensiones, y, por lo tanto, están en una situación claramente desfavorable e injusta, excluidos de aquellos beneficios.

Luego de cuatro años de trabajo paritario, y de realizar el necesario relevamiento del personal docente activo y pasivo de las Universidades Nacionales, hemos elaborado – en acuerdo con el PEN – un Proyecto de Ley que, de sancionarse, permitirá a la totalidad de los docentes universitarios integrarse al régimen definido por la ley 24.016, garantizando así su derecho a una jubilación del 82% móvil.

En agosto de 2007, el Presidente Kirchner firmó ante nuestra presencia el Proyecto de ley que, en diciembre pasado obtuvo POR UNANIMIDAD la media sanción del Honorable Senado de la Nación.

Sin embargo, hace 9 (NUEVE) MESES QUE ESTA INICIATIVA SE DEMORA INEXPLICABLEMENTE, sin ser tratada, en las Comisiones de Previsión, de Educación y de Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; y, de mantenerse esta situación, a fin de año PERDERÍA ESTADO PARLAMENTARIO.

Como agravante, el Proyecto de Ley de MOVILIDAD JUBILATORIA enviado recientemente por el PEN al Congreso de la Nación, incluye a los regímenes especiales en la nueva modalidad de cálculo. De prosperar en las Cámaras esta interpretación promovida por el ANSES, los docentes universitarios nos veremos conducidos a impulsar nuevas causas judiciales reclamando la declaración de su inconstitucionalidad, ya que las Leyes de origen – 22.929 y 24.016 – consagraron la MOVILIDAD DIRECTA, tal como ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A pesar de los acuerdos oportunamente alcanzados con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la Secretaría de Políticas Universitarias, con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la Secretaría de Seguridad Social, con el Consejo Interuniversitario Nacional, y hasta con la Presidencia de la Nación – nuestro Proyecto no progresa en términos razonables, en las instancias parlamentarias responsables de su debate y sanción. De no modificarse esta situación, los docentes de las Universidades Nacionales volveremos a reclamar, mediante un nuevo plan de lucha, aquello que hace tiempo debería estar consagrado como nuestro derecho.

DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA NACIÓN:
BASTA DE DISCRIMINACIONES
GARANTICEN YA EL 82% MÓVIL
PARA TODOS LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

Carlos De Feo: Secretario General CONADU
Pedro Sanllorenti: Secretario Adjunto CONADU

Tema: Documentos ~ Participar